La corrupción toca la puerta del despacho de Zannini

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octubre 3, 2012 por Diego Gueler

Por Diego Gueler

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(Publicado en la edición impresa del diario Perfil del 23/09/2012)

“Zannini, dejá de reírte, está hablando la Presidenta”, le espetó Cristina a su “cerebro” legal el miércoles desde el atril. El secretario presidencial se mostró distendido ante las cámaras, pero en los últimos días tuvo que subir aún más el volumen de las óperas radiales que suele escuchar en su despacho para que nadie oiga sus conversaciones. Al Chino empiezan a preocuparle las revelaciones sobre el colosal crecimiento patrimonial y los negocios privados que habría montado en la propia Rosada su funcionario de máxima confianza desde 2003, Carlos Emilio Liuzzi (55 años). No es para menos: el subsecretario Técnico de la Secretaría Legal y Técnica ya tiene abierto el expediente 9832/2012 por enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal, aunque la computadora de Comodoro Py derivó la causa a un juez afín al kirchnerismo, Norberto Oyarbide.

El ignoto funcionario multiplicó 38 veces su patrimonio desde el día que asumió Néstor Kirchner ($ 189.339) hasta ahora ($ 7.226.160), según las declaraciones juradas que presentó a la Oficina Anticorrupción (OA). Es uno de los funcionarios más ricos del país. ¿Cómo lo logró? La mano derecha de Zannini, abogado que desde aquel año preside la Comisión Fiscalizadora de la AFIP, compró dos propiedades de lujo en Puerto Madero –donde hoy vive en un piso 35 con su esposa Thaiss Hidalgo, su asesora 24 años menor que él– y adquirió 174 hectáreas en Gualtallary, Tupungato, la zona vitivinícola más fértil y cara de Mendoza.

Ahora, si se tiene en cuenta que hoy cada una de esas parcelas mendocinas se cotiza a unos US$ 50 mil (plantadas y en producción, de acuerdo a brockers de la zona), la riqueza de Liuzzi superaría los US$ 10 millones. Paradójicamente, su jefe sólo reconoció un patrimonio de $ 450.788 el último año.
La mano derecha de Zannini aseguró haber comprado cada hectárea a un promedio de $ 7 mil pesos en 2008 y 2010. A finales de 2011, cuando comenzó a vender los campos, obtuvo $ 80 mil por cada hectárea. Negocio redondo. A raíz de eso, Perfil.com le envió una serie de preguntas a Liuzzi para que aclarara cómo obtuvo los fondos para comprar esos campos. Tres horas después, el subsecretario de Cristina envió una nota urgente a la OA aclarando que “sus ingresos superan holgadamente” sus inversiones.

La OA ya le había llamado la atención varias veces por pequeñas inconsistencias en sus declaraciones de bienes: algunas propiedades desaparecían de un año a otro sin motivo.
Sobre su actividad privada, Liuzzi sólo menciona poseer una empresa (Desarrollo y Construcción SA), pero nunca sus dividendos.

Más allá de sus declaraciones formales a la OA, Perfil.com pudo saber que Zannini, abocado a asesorar a Cristina, le delegó todo el poder de la Secretaría Legal y Técnica a su mano derecha: le entregó la recaudación del SAF (“caja de ahorro”) y el control de los fondos del Boletín Oficial, pese a que por la Ley 23.412 corresponden al Ente Cooperador La Ley SA. Liuzzi, nombrado por Néstor y ascendido por Cristina, habría montado así otros dos negocios desde su oficina. Y con “custodios”: cerca de él habría puesto a trabajar a su hermana, su hijo mayor, su sobrina y su ahijado. Este joven ocuparía el cargo de un empleado al que echó por sospechar que fue quien filtró los datos de su fortuna.

El funcionario habría contratado para todas las gestiones informáticas del área a la consultora Adconsa IT. Su directorio está compuesto por Gustavo Benvenuto –socio de Liuzzi en la constructora– y su domicilio legal (Sarmiento 776, 7º A ) es el mismo que el de la empresa que manejan juntos. Lo llamativo es que el socio comercial de Liuzzi figura en los registros como miembro del directorio de otras diez compañías, la mayoría constructoras (una de ellas, Combe SA, también fue registrada en Sarmiento 776).

Además, el hombre de Zannini habría derivado al estudio jurídico Lovelle & Asociados –allegado a él, según fuentes calificadas de la Rosada– los juicios contra organismos públicos que el Estado realiza por demoras en los pagos por avisos en el Boletín Oficial. En su web, Lovelle menciona como clientes a ese organismo y a la Dirección General de Administración (DGA), ambos bajo el control de Liuzzi. Este diario habló con una de sus letradas quien reconoció como cliente al “Ente Cooperador”, pero dijo desconocer a Liuzzi.

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